jueves, 22 de septiembre de 2011
lunes, 16 de mayo de 2011
A vueltas sobre la acreditación de competencias...
Parece ser que para el curso próximo va a comenzar el proceso de acreditación de competencias....Viene a recordar a la antigua "prueba de madurez" de FP de primer grado y esperemos que no acabe como aquella: Coladero en el que mediante en examen test se expedían títulos en muchos casos "sociales" ante la necesidad imperiosa de los examinados de obtener el tan preciado título de cara a una posible colocación, promoción profesional etc...
Teóricamente la persona que inicie la acreditación tendrá que demostrar con vida laboral, contratos etc...experiencia en un sector de actividad ó en una profesión y conforme a ello, justificar y probar unidades de competencia para en su caso poder obtener bien certificados de profesionalidad ( expedidos por el Ministerio de Trabajo en el marco de la Formación no reglada) ó títulos de formación profesional específica "troceados" es decir, con determinados módulos aprobados y otros pendientes de cursar en centro educativo.
La idea no es mala máxime si tenemos en cuenta la cantidad de población oficialmente y oficiosamente en desempleo que carecen de ningún tipo de formación pero sí tienen experiencia....De otro lado la dicotomía certificado de profesionalidad-título fp específica me parece mala pues se duplican recursos humanos, se malgestiona el dinero y no aplicamos la excelencia a ninguna de las dos.Con los centros educativos oficiales hay de sobra para atender a la demanda siempre y cuando estén bien dotados en todos los sentidos.
A ver que pasa con todo esto...
Teóricamente la persona que inicie la acreditación tendrá que demostrar con vida laboral, contratos etc...experiencia en un sector de actividad ó en una profesión y conforme a ello, justificar y probar unidades de competencia para en su caso poder obtener bien certificados de profesionalidad ( expedidos por el Ministerio de Trabajo en el marco de la Formación no reglada) ó títulos de formación profesional específica "troceados" es decir, con determinados módulos aprobados y otros pendientes de cursar en centro educativo.
La idea no es mala máxime si tenemos en cuenta la cantidad de población oficialmente y oficiosamente en desempleo que carecen de ningún tipo de formación pero sí tienen experiencia....De otro lado la dicotomía certificado de profesionalidad-título fp específica me parece mala pues se duplican recursos humanos, se malgestiona el dinero y no aplicamos la excelencia a ninguna de las dos.Con los centros educativos oficiales hay de sobra para atender a la demanda siempre y cuando estén bien dotados en todos los sentidos.
A ver que pasa con todo esto...
Última noticia oficial sobre la acreditación de competencias
El Procedimiento de Acreditación de la competencia permitirá dar reconocimiento oficial a las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación
Beneficiará a 60.000 personas con experiencia o competencias que hasta ahora no tenían un documento oficial que la avalara
El Gobierno ha destinado 59 millones de euros a este procedimiento, básico para dinamizar el empleo a través de la formación en sectores clave de la economía como los servicios de atención a personas en situación de dependencia o la educación infantil
Escuche la intervención del ministro
Los ministros de Educación, Ángel Gabilondo, y de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, han detallado hoy cómo se desarrollará la acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación (Programa Acredita). El Gobierno ha destinado 59 millones de euros a esta medida, y serán las comunidades autónomas quienes comiencen a realizar las convocatorias pertinentes para ponerla en marcha a partir de junio.
Las comunidades autónomas fijarán su propio calendario de convocatorias en función del número de participantes, unidades de competencia susceptibles de acreditar y otros elementos, como los medios materiales y humanos disponibles. Una comisión interministerial creada por el Ministerio de Educación y el de Trabajo e Inmigración dispondrá de toda la información sobre los procedimientos realizados en cada comunidad y garantizará que cumplen los principios previstos.
En la primera convocatoria que realicen las comunidades se incentivará prioritariamente la acreditación de los perfiles profesionales relacionados con la educación infantil y con la puesta en funcionamiento de la Ley de Dependencia, al ser considerados sectores estratégicos. Se ha decidido priorizar también perfiles relacionados con la Hostelería y el Turismo y con la Reparación y Mantenimiento de vehículos.
Se estima que este procedimiento puede beneficiar a cerca de 60.000 personas en el conjunto de España. El 75% de ellas (45.000) corresponderán a los perfiles profesionales de los cuatro sectores mencionados, mientras el 25% restante (15.000 personas) será determinado por cada Comunidad Autónoma en función de sus necesidades.
Cómo funciona la acreditación
El procedimiento es el siguiente: las comunidades autónomas lanzan una convocatoria sobre la posibilidad de acreditar unas competencias profesionales determinadas, la persona interesada se inscribe, un asesor le aconseja para preparar la documentación necesaria y comienza la fase de evaluación. La Comisión de evaluación hace las comprobaciones necesarias para decidir si existe suficiente evidencia de que el candidato tiene adquiridas las competencias profesionales y decide, en su caso, el tipo de prueba que se le debe proponer, en función de sus características y de la competencia a evaluar. Finalmente, la Comisión de evaluación propone la expedición de la acreditación de cada una de las unidades de competencia que la persona haya superado.
Lo que verán acreditado los participantes son “unidades de competencia” incluidas en Títulos de Formación Profesional o en Certificados de Profesionalidad. Al finalizar el procedimiento, la comisión de evaluación pertinente les indicará la formación complementaria que tienen que cursar para poder obtener el Título de Formación Profesional o el Certificado de Profesionalidad (este Certificado es una acreditación oficial emitida por la administración laboral competente que demuestra la capacitación para desarrollar una actividad laboral con significación para el empleo).
Para participar será necesario tener la nacionalidad española, certificado de residente comunitario o tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión Europea, o ser titular de una autorización de residencia y trabajo en España en vigor. Además, en función del nivel de las unidades de competencia que quieran acreditarse deberán cumplirse otros requisitos, que se especificarán en las convocatorias.
Los candidatos tendrán que demostrar experiencia laboral o formación, pero pueden inscribirse provisionalmente aquellos que no puedan justificar ninguno de los dos aspectos. En este caso, los asesores informarán caso por caso de la procedencia o no de la candidatura.
Financiación
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo e Inmigración, ha invertido hasta la fecha 59 millones de euros para poner en marcha el procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral.
De estos 59 millones de euros, 35 millones se han invertido en la formación de asesores, evaluadores y orientadores, en la elaboración de todos los instrumentos de apoyo, en los materiales para la oferta de Formación Profesional a distancia, en la difusión del procedimiento y en los portales para la información y orientación de los participantes. Los restantes 24 millones de euros se van a transferir a las comunidades autónomas para financiar sus procesos de evaluación. Los criterios de distribución a las comunidades, que aprobará próximamente el Consejo de Ministros, se han hecho atendiendo a la población susceptible de concurrir a este procedimiento en cada Comunidad Autónoma.
La acreditación de competencias profesionales era una decisión contemplada en la hoja de ruta para la modernización de la Formación Profesional que impulsan de forma conjunta los Ministerios de Educación y de Trabajo e Inmigración.
Tanto Ángel Gabilondo como Valeriano Gómez han subrayado que este proceso de acreditación contribuye al desarrollo profesional del candidato, ya que le permite contar con un documento oficial con el que va a poder demostrar que conoce el puesto de trabajo al que opta. Por otra parte, incentivará a las personas a completar su formación para obtener un título que sentirán más cercano. En definitiva, mejorarán las oportunidades laborales de muchos trabajadores y se facilitará su movilidad.
En el portal TodoFP y en la Redtrabaj@ del Servicio Público de Empleo Estatal se ofrece más información sobre la acreditación de competencias, así como cuestionarios de autoevaluación para que las personas interesadas identifiquen si reúnen o no los conocimientos y capacidades exigidos
Fuente:www.mec.es
Beneficiará a 60.000 personas con experiencia o competencias que hasta ahora no tenían un documento oficial que la avalara
El Gobierno ha destinado 59 millones de euros a este procedimiento, básico para dinamizar el empleo a través de la formación en sectores clave de la economía como los servicios de atención a personas en situación de dependencia o la educación infantil
Escuche la intervención del ministro
Los ministros de Educación, Ángel Gabilondo, y de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, han detallado hoy cómo se desarrollará la acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación (Programa Acredita). El Gobierno ha destinado 59 millones de euros a esta medida, y serán las comunidades autónomas quienes comiencen a realizar las convocatorias pertinentes para ponerla en marcha a partir de junio.
Las comunidades autónomas fijarán su propio calendario de convocatorias en función del número de participantes, unidades de competencia susceptibles de acreditar y otros elementos, como los medios materiales y humanos disponibles. Una comisión interministerial creada por el Ministerio de Educación y el de Trabajo e Inmigración dispondrá de toda la información sobre los procedimientos realizados en cada comunidad y garantizará que cumplen los principios previstos.
En la primera convocatoria que realicen las comunidades se incentivará prioritariamente la acreditación de los perfiles profesionales relacionados con la educación infantil y con la puesta en funcionamiento de la Ley de Dependencia, al ser considerados sectores estratégicos. Se ha decidido priorizar también perfiles relacionados con la Hostelería y el Turismo y con la Reparación y Mantenimiento de vehículos.
Se estima que este procedimiento puede beneficiar a cerca de 60.000 personas en el conjunto de España. El 75% de ellas (45.000) corresponderán a los perfiles profesionales de los cuatro sectores mencionados, mientras el 25% restante (15.000 personas) será determinado por cada Comunidad Autónoma en función de sus necesidades.
Cómo funciona la acreditación
El procedimiento es el siguiente: las comunidades autónomas lanzan una convocatoria sobre la posibilidad de acreditar unas competencias profesionales determinadas, la persona interesada se inscribe, un asesor le aconseja para preparar la documentación necesaria y comienza la fase de evaluación. La Comisión de evaluación hace las comprobaciones necesarias para decidir si existe suficiente evidencia de que el candidato tiene adquiridas las competencias profesionales y decide, en su caso, el tipo de prueba que se le debe proponer, en función de sus características y de la competencia a evaluar. Finalmente, la Comisión de evaluación propone la expedición de la acreditación de cada una de las unidades de competencia que la persona haya superado.
Lo que verán acreditado los participantes son “unidades de competencia” incluidas en Títulos de Formación Profesional o en Certificados de Profesionalidad. Al finalizar el procedimiento, la comisión de evaluación pertinente les indicará la formación complementaria que tienen que cursar para poder obtener el Título de Formación Profesional o el Certificado de Profesionalidad (este Certificado es una acreditación oficial emitida por la administración laboral competente que demuestra la capacitación para desarrollar una actividad laboral con significación para el empleo).
Para participar será necesario tener la nacionalidad española, certificado de residente comunitario o tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión Europea, o ser titular de una autorización de residencia y trabajo en España en vigor. Además, en función del nivel de las unidades de competencia que quieran acreditarse deberán cumplirse otros requisitos, que se especificarán en las convocatorias.
Los candidatos tendrán que demostrar experiencia laboral o formación, pero pueden inscribirse provisionalmente aquellos que no puedan justificar ninguno de los dos aspectos. En este caso, los asesores informarán caso por caso de la procedencia o no de la candidatura.
Financiación
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo e Inmigración, ha invertido hasta la fecha 59 millones de euros para poner en marcha el procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral.
De estos 59 millones de euros, 35 millones se han invertido en la formación de asesores, evaluadores y orientadores, en la elaboración de todos los instrumentos de apoyo, en los materiales para la oferta de Formación Profesional a distancia, en la difusión del procedimiento y en los portales para la información y orientación de los participantes. Los restantes 24 millones de euros se van a transferir a las comunidades autónomas para financiar sus procesos de evaluación. Los criterios de distribución a las comunidades, que aprobará próximamente el Consejo de Ministros, se han hecho atendiendo a la población susceptible de concurrir a este procedimiento en cada Comunidad Autónoma.
La acreditación de competencias profesionales era una decisión contemplada en la hoja de ruta para la modernización de la Formación Profesional que impulsan de forma conjunta los Ministerios de Educación y de Trabajo e Inmigración.
Tanto Ángel Gabilondo como Valeriano Gómez han subrayado que este proceso de acreditación contribuye al desarrollo profesional del candidato, ya que le permite contar con un documento oficial con el que va a poder demostrar que conoce el puesto de trabajo al que opta. Por otra parte, incentivará a las personas a completar su formación para obtener un título que sentirán más cercano. En definitiva, mejorarán las oportunidades laborales de muchos trabajadores y se facilitará su movilidad.
En el portal TodoFP y en la Redtrabaj@ del Servicio Público de Empleo Estatal se ofrece más información sobre la acreditación de competencias, así como cuestionarios de autoevaluación para que las personas interesadas identifiquen si reúnen o no los conocimientos y capacidades exigidos
Fuente:www.mec.es
viernes, 29 de abril de 2011
Pensión de viudedad a pareja de hecho.
Titulo: TSJ Andalucía, Estima recurso en reclamación de pensión de viudedad, interpuesto por una viuda pareja de hecho que como acreditación de esta situación jurídica solo poseía su inclusión en la cartilla de asistencia sanitaria como esposa del causante de la prestación
Tribunal: Tribunal Superior de Justicia (Andalucía). Sala de lo Social
Fecha: 13/04/2011
Número de recurso: 288/2011
Tipo de resolución: Sentencia
Número de resolución: 937/2011
Fuente: Base de datos jurisprudenciales del CGPJ.
Tribunal: Tribunal Superior de Justicia (Andalucía). Sala de lo Social
Fecha: 13/04/2011
Número de recurso: 288/2011
Tipo de resolución: Sentencia
Número de resolución: 937/2011
Fuente: Base de datos jurisprudenciales del CGPJ.
Desaparición paulatina del régimen agrario...
El Consejo de Ministros ha aprobado remitir a las Cortes Generales el proyecto de Ley para la integración de los trabajadores asalariados del campo al Régimen General de la Seguridad Social a partir del 1 de enero de 2012.
Actualmente, la pensión media de jubilación en el Régimen General asciende a 1.130 euros al mes y en el agrario, a 580 euros al mes; mientras que la pensión media por incapacidad permanente es de 958 euros al mes en el Régimen General y de 500 euros en el agrario.
El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, ha indicado que el proyecto de integración de los trabajadores en el régimen general de la Seguridad Social no es sólo una extensión de derechos, sino también una modernización del campo.
Granado ha recordado que hoy se resuelve una cuestión planteada hace más de 35 años y que la Seguridad Social de los pasados años sesenta estaba sustentada en la base mínima y en pensiones muy reducidas.
"En el régimen general de la Seguridad Social se han ido elevando hasta hacerlas coincidir con los salarios; sólo hay una base máxima y una mínima, pero en el régimen agrario esa evolución no ha existido", ha matizado.
Una situación que según Granado, en la práctica, "ha convertido a los trabajadores del campo en materia de protección social en ciudadanos de segunda, porque todas esas prestaciones del sistema (bajas por enfermedad común, pensiones y desempleo) están en función de las bases de cotización y son mucho más reducidas".
Cobraban la mitad
Los trabajadores del campo cobraban mucho menos que el resto de pensionistas. Ahora, en cambio, sus pensiones irán mejorando de forma progresiva, durante los próximos 20 años, aunque también tendrán que pagar cotizaciones más altas.
Granado ha incidido en que "las pensiones de los trabajadores del campo son la mitad de lo que perciben sus colegas de industria y servicios" pero ha recordado que esta medida supondrá "que los derechos de los trabajadores con esta integración se vean mejorados desde el primer momento".Ha destacado que el proyecto de ley es el resultado de más de cinco años de conversaciones de todas las organizaciones del sector, tanto en el ámbito de los agricultores asalariados como los empresarios del campo.
De esta forma un trabajador agrario va a tener desde el 1 de enero de 2012 prestaciones de desempleo por enfermedad o por maternidad, entre otras, en función del salario que cobra, y también las pensiones irán mejorando, pero se verá al final del periodo.
"Las pensiones de los trabajadores del campo serían equiparables con las del régimen general en 12 años, ya que se ha iniciado la reforma tres años antes", ha asegurado. Aunque ha remarcado que ahora ya están mejorando y que "cada año se notará un 7 % más en las pensiones agrarias".
"Lógicamente, si pagamos mejores prestaciones tenemos que cobrar más dinero en cotizaciones sociales", ha puntualizado.
A su juicio, también había que velar para que estas mejoras de las prestaciones "no tuvieran un impacto en las cuentas de la empresas agrarias, que no lo están pasando bien, y un incremento de costes podría ser perjudicial para cotizaciones y para el empleo".
Granado ha subrayado que las cotizaciones van a ir evolucionando durante los próximos 20 años, para que este incremento de costes sea imperceptible, lo que permitirá una moderación de los costes que ayude a que las explotaciones puedan hacerles frente.
Fuente: www.elmundo.es/andalucia
Actualmente, la pensión media de jubilación en el Régimen General asciende a 1.130 euros al mes y en el agrario, a 580 euros al mes; mientras que la pensión media por incapacidad permanente es de 958 euros al mes en el Régimen General y de 500 euros en el agrario.
El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, ha indicado que el proyecto de integración de los trabajadores en el régimen general de la Seguridad Social no es sólo una extensión de derechos, sino también una modernización del campo.
Granado ha recordado que hoy se resuelve una cuestión planteada hace más de 35 años y que la Seguridad Social de los pasados años sesenta estaba sustentada en la base mínima y en pensiones muy reducidas.
"En el régimen general de la Seguridad Social se han ido elevando hasta hacerlas coincidir con los salarios; sólo hay una base máxima y una mínima, pero en el régimen agrario esa evolución no ha existido", ha matizado.
Una situación que según Granado, en la práctica, "ha convertido a los trabajadores del campo en materia de protección social en ciudadanos de segunda, porque todas esas prestaciones del sistema (bajas por enfermedad común, pensiones y desempleo) están en función de las bases de cotización y son mucho más reducidas".
Cobraban la mitad
Los trabajadores del campo cobraban mucho menos que el resto de pensionistas. Ahora, en cambio, sus pensiones irán mejorando de forma progresiva, durante los próximos 20 años, aunque también tendrán que pagar cotizaciones más altas.
Granado ha incidido en que "las pensiones de los trabajadores del campo son la mitad de lo que perciben sus colegas de industria y servicios" pero ha recordado que esta medida supondrá "que los derechos de los trabajadores con esta integración se vean mejorados desde el primer momento".Ha destacado que el proyecto de ley es el resultado de más de cinco años de conversaciones de todas las organizaciones del sector, tanto en el ámbito de los agricultores asalariados como los empresarios del campo.
De esta forma un trabajador agrario va a tener desde el 1 de enero de 2012 prestaciones de desempleo por enfermedad o por maternidad, entre otras, en función del salario que cobra, y también las pensiones irán mejorando, pero se verá al final del periodo.
"Las pensiones de los trabajadores del campo serían equiparables con las del régimen general en 12 años, ya que se ha iniciado la reforma tres años antes", ha asegurado. Aunque ha remarcado que ahora ya están mejorando y que "cada año se notará un 7 % más en las pensiones agrarias".
"Lógicamente, si pagamos mejores prestaciones tenemos que cobrar más dinero en cotizaciones sociales", ha puntualizado.
A su juicio, también había que velar para que estas mejoras de las prestaciones "no tuvieran un impacto en las cuentas de la empresas agrarias, que no lo están pasando bien, y un incremento de costes podría ser perjudicial para cotizaciones y para el empleo".
Granado ha subrayado que las cotizaciones van a ir evolucionando durante los próximos 20 años, para que este incremento de costes sea imperceptible, lo que permitirá una moderación de los costes que ayude a que las explotaciones puedan hacerles frente.
Fuente: www.elmundo.es/andalucia
viernes, 8 de abril de 2011
Mas ERES...
La dirección de Alestis Aerospace confirmó en la mañana de ayer lo que, desde hacía dos semanas, era algo más que un rumor. Después de convocar a los representantes sindicales de los trabajadores de la factoría de El Puerto, el gabinete jurídico de la empresa lo hacía oficial: un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afecta a 195 empleados, todos ellos, procedentes de la desaparecida Delphi.
Pese a que el motivo oficial de dicho encuentro (celebrado en un hotel a las afueras de Jerez) era analizar la situación laboral de la factoría y la carga de trabajo, la reunión transcurrió por otros derroteros. La versión oficial de Alestis para presentar el ERE es muy clara: "La decisión de presentar este expediente responde a la necesidad de adaptar el actual volumen de plantilla de la compañía a la carga de trabajo programada para 2011 y 2012, de manera que se pueda seguir garantizando la viabilidad de un proyecto industrial de largo recorrido, que se encuentra aún en fase de despegue pero que da ya empleo a más de 1.500 personas de manera directa, además de ejercer de empresa tractora de un importante número de firmas andaluzas del sector".
No obstante, la compañía aclara en un comunicado que incorporó a un total de 348 trabajadores procedentes de Delphi en septiembre de 2009 "en virtud de los acuerdos institucionales alcanzados con la Junta de Andalucía para su formación y posible posterior incorporación en función de las cargas de trabajo existentes".
En este tiempo, añade, "la compañía ha conseguido incorporar a sus distintas plantas y líneas de fabricación y montaje a 153 de estos trabajadores", para concluir asegurando que "no existe en estos momentos carga de trabajo suficiente para el resto de trabajadores que han estado participando en este proceso de formación". Al respecto, Alestis deja muy claro que los 195 afectados por el ERE culminaron su proceso formativo el pasado 31 de marzo, "sin que hayan tenido nunca ocupación en la compañía, ni hayan formado parte de la plantilla operativa, ni hayan estado bajo el ámbito de dirección y organización de Alestis. De hecho, desde su incorporación formal a la compañía nunca han estado ubicados ni adscritos a un centro de trabajo propio de la empresa, que ya cuenta con la plantilla necesaria para hacer frente a la importante cartera de pedidos para los próximos años". Por último, la empresa aeronáutica deja claro que asumirá la devolución de las ayudas públicas que recibió por la contratación indefinida de estas personas. Si en total fueron algo más de tres millones de euros, es de prever que la cantidad a devolver ronde el millón y medio de euros. De esta forma, Alestis responde a las palabras pronunciadas recientemente por el consejero de Empleo de la Junta, Manuel Recio, en las que aseguró que si Alestis no cumplía con los compromisos adquiridos con la Administración, debería devolver los incentivos.
A partir de ahora se abre un periodo de negociación para, entre otras cosas, aplicar "un plan social que minimice, en la medida de lo posible, el impacto de esta medida y que les ayude a reintegrarse en el menor tiempo posible en el mercado laboral".
Pero la versión dada por la compañía dista mucho de la visión que ofrecen los afectados. Pedro Lloret, representante de CCOO en el comité y portavoz del colectivo de ex Delphi en Alestis, aseguró ayer que "no es cierto que los 195 estuviesen en periodo de formación y sin ocupación. Al menos 70 compañeros hacía ya tiempo que acabaron esa formación y trabajaban en la plantilla dentro de las plantas como cualquier otro". Además, detalló que "al menos 50 compañeros, cuando fuimos contratados por Alestis, tuvieron la oportunidad de acogerse al plan de prejubilación de Delphi porque cumplían con la edad mínima. El director de Recursos Humanos nos dijo que no se fueran, que aquí no sobraba nadie y que incluso necesitarían a más gente. Ahora se pueden ver en la calle y con más de 50 años".
En este sentido, el responsable de Industria en CCOO-Cádiz, Jesús Serrano, aseguró que lo sucedido en Alestis es "responsabilidad de la Junta; no olvidemos que esta decisión, para ser anunciada hoy -por ayer- ha tenido que ser aprobada en un consejo de administración de la compañía que se celebró, al menos, hace una semana. En ese consejo está presente el responsable de la Agencia IDEA, es decir, la Junta. Por tanto, el consejero Recio lo sabía y ha mentido; o no lo sabía, y es un inepto".
Para Serrano, la principal conclusión del ERE presentado por Alestis no es sólo "el drama" que se cierne de nuevo sobre estos 195 empleados. En su opinión, "esto pone en crisis el sector aeronáutico de toda la provincia de Cádiz". El sindicalista incluso aventuró la posibilidad de que "los responsables de Alestis, de procedencia vasca, estén pensando en trasladar carga de trabajo desde Cádiz y desmantelar esta zona". Por ello, pidió "un gran pacto de Estado para la provincia para que esto no suceda".
Otro dato más. Fuentes sindicales consultadas por este periódico pusieron la atención en un dato. A partir de ahora, se abre un periodo de consultas por espacio de 30 días, a contar desde hoy viernes. A ellos se le suman otros 15 días, plazo que tiene la Administración para resolver dicho expediente en sentido negativo o positivo. De agotarse todos los plazos, la 'fecha mágica' en la que la Junta debería anunciar su decisión es llamativa: el próximo 23 de mayo, un día después de las elecciones municipales.
Fuente: Diario de Cádiz.www.diariodecadiz.es 8/4/2011.(Extracción parcial).
Pese a que el motivo oficial de dicho encuentro (celebrado en un hotel a las afueras de Jerez) era analizar la situación laboral de la factoría y la carga de trabajo, la reunión transcurrió por otros derroteros. La versión oficial de Alestis para presentar el ERE es muy clara: "La decisión de presentar este expediente responde a la necesidad de adaptar el actual volumen de plantilla de la compañía a la carga de trabajo programada para 2011 y 2012, de manera que se pueda seguir garantizando la viabilidad de un proyecto industrial de largo recorrido, que se encuentra aún en fase de despegue pero que da ya empleo a más de 1.500 personas de manera directa, además de ejercer de empresa tractora de un importante número de firmas andaluzas del sector".
No obstante, la compañía aclara en un comunicado que incorporó a un total de 348 trabajadores procedentes de Delphi en septiembre de 2009 "en virtud de los acuerdos institucionales alcanzados con la Junta de Andalucía para su formación y posible posterior incorporación en función de las cargas de trabajo existentes".
En este tiempo, añade, "la compañía ha conseguido incorporar a sus distintas plantas y líneas de fabricación y montaje a 153 de estos trabajadores", para concluir asegurando que "no existe en estos momentos carga de trabajo suficiente para el resto de trabajadores que han estado participando en este proceso de formación". Al respecto, Alestis deja muy claro que los 195 afectados por el ERE culminaron su proceso formativo el pasado 31 de marzo, "sin que hayan tenido nunca ocupación en la compañía, ni hayan formado parte de la plantilla operativa, ni hayan estado bajo el ámbito de dirección y organización de Alestis. De hecho, desde su incorporación formal a la compañía nunca han estado ubicados ni adscritos a un centro de trabajo propio de la empresa, que ya cuenta con la plantilla necesaria para hacer frente a la importante cartera de pedidos para los próximos años". Por último, la empresa aeronáutica deja claro que asumirá la devolución de las ayudas públicas que recibió por la contratación indefinida de estas personas. Si en total fueron algo más de tres millones de euros, es de prever que la cantidad a devolver ronde el millón y medio de euros. De esta forma, Alestis responde a las palabras pronunciadas recientemente por el consejero de Empleo de la Junta, Manuel Recio, en las que aseguró que si Alestis no cumplía con los compromisos adquiridos con la Administración, debería devolver los incentivos.
A partir de ahora se abre un periodo de negociación para, entre otras cosas, aplicar "un plan social que minimice, en la medida de lo posible, el impacto de esta medida y que les ayude a reintegrarse en el menor tiempo posible en el mercado laboral".
Pero la versión dada por la compañía dista mucho de la visión que ofrecen los afectados. Pedro Lloret, representante de CCOO en el comité y portavoz del colectivo de ex Delphi en Alestis, aseguró ayer que "no es cierto que los 195 estuviesen en periodo de formación y sin ocupación. Al menos 70 compañeros hacía ya tiempo que acabaron esa formación y trabajaban en la plantilla dentro de las plantas como cualquier otro". Además, detalló que "al menos 50 compañeros, cuando fuimos contratados por Alestis, tuvieron la oportunidad de acogerse al plan de prejubilación de Delphi porque cumplían con la edad mínima. El director de Recursos Humanos nos dijo que no se fueran, que aquí no sobraba nadie y que incluso necesitarían a más gente. Ahora se pueden ver en la calle y con más de 50 años".
En este sentido, el responsable de Industria en CCOO-Cádiz, Jesús Serrano, aseguró que lo sucedido en Alestis es "responsabilidad de la Junta; no olvidemos que esta decisión, para ser anunciada hoy -por ayer- ha tenido que ser aprobada en un consejo de administración de la compañía que se celebró, al menos, hace una semana. En ese consejo está presente el responsable de la Agencia IDEA, es decir, la Junta. Por tanto, el consejero Recio lo sabía y ha mentido; o no lo sabía, y es un inepto".
Para Serrano, la principal conclusión del ERE presentado por Alestis no es sólo "el drama" que se cierne de nuevo sobre estos 195 empleados. En su opinión, "esto pone en crisis el sector aeronáutico de toda la provincia de Cádiz". El sindicalista incluso aventuró la posibilidad de que "los responsables de Alestis, de procedencia vasca, estén pensando en trasladar carga de trabajo desde Cádiz y desmantelar esta zona". Por ello, pidió "un gran pacto de Estado para la provincia para que esto no suceda".
Otro dato más. Fuentes sindicales consultadas por este periódico pusieron la atención en un dato. A partir de ahora, se abre un periodo de consultas por espacio de 30 días, a contar desde hoy viernes. A ellos se le suman otros 15 días, plazo que tiene la Administración para resolver dicho expediente en sentido negativo o positivo. De agotarse todos los plazos, la 'fecha mágica' en la que la Junta debería anunciar su decisión es llamativa: el próximo 23 de mayo, un día después de las elecciones municipales.
Fuente: Diario de Cádiz.www.diariodecadiz.es 8/4/2011.(Extracción parcial).
ERES en prensa..
La empresa Pleamar Frost, dedicada a la comercialización, elaboración y conservación de productos congelados de alimentación a nivel nacional e internacional y con instalaciones en Sevilla y Cádiz, ha presentado un expediente de regulación de empleo (ERE) extintivo para sus 42 trabajadores.
Los representantes de la plantilla denunciaron que Grupo Meridional, empresa matriz de Pleamar Frost, se desvincule de sus trabajadores, algunos con más de 30 años de antigüedad, provocándoles "una fuerte indignación y problemas psicológicos", adeudándoles salarios y dejándolos en un futuro inmediato sin empleo".
En contraposición a los problemas de esta compañía, el Gobierno aprobó ayer una subvención de seis millones de euros a tres proyectos andaluces, uno de los cuales es una planta de fabricación de equipos y sistemas electrónicos que se instalará en terrenos de El Puerto de Santa María. Esta empresa, llamada Merkum Energética, creará 20 puestos de trabajo con una inversión de 15,2 millones y unos incentivos del Gobierno de 1,3 millones, informó el Ministerio de Economía en un comunicado.
Los otros dos proyectos que reciben estos incentivos regionales son un hotel de cinco estrellas en Almería y un centro logístico en Málaga.
Fuente: Diario de Cádiz 8/4/2011.www.diariodecadiz.es
Los representantes de la plantilla denunciaron que Grupo Meridional, empresa matriz de Pleamar Frost, se desvincule de sus trabajadores, algunos con más de 30 años de antigüedad, provocándoles "una fuerte indignación y problemas psicológicos", adeudándoles salarios y dejándolos en un futuro inmediato sin empleo".
En contraposición a los problemas de esta compañía, el Gobierno aprobó ayer una subvención de seis millones de euros a tres proyectos andaluces, uno de los cuales es una planta de fabricación de equipos y sistemas electrónicos que se instalará en terrenos de El Puerto de Santa María. Esta empresa, llamada Merkum Energética, creará 20 puestos de trabajo con una inversión de 15,2 millones y unos incentivos del Gobierno de 1,3 millones, informó el Ministerio de Economía en un comunicado.
Los otros dos proyectos que reciben estos incentivos regionales son un hotel de cinco estrellas en Almería y un centro logístico en Málaga.
Fuente: Diario de Cádiz 8/4/2011.www.diariodecadiz.es
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
