Contratación de discapacitados.

Reclutar a personas con discapacidad supone ayudas económicas para las organizaciones, además de cumplir con la legislación.


Además de cumplir la Ley de Integración Social de los Minusválidos (Lismi),– que establece que en una organización de más de 50 trabajadores fijos, al menos el 2% deberían ser personas con algún tipo de minusvalía–, las empresas que se decidan a contratar a profesionales de este colectivo obtendrán ventajas fiscales.

Entre otras, las organizaciones gozarán de subvenciones de 3.907 euros por cada contrato gestionado a tiempo completo y de 901,52 euros para la adaptación de puestos de trabajo, la eliminación de barreras o la dotación de medios de protección social; tendrán una bonificación de las cuotas de la Seguridad Social, incluidas las de accidentes de trabajo y enfermedad profesional; y deducciones de 6.000 euros en la cuota íntegra del Impuesto de Sociedades por cada persona contratada. También las compañías obtienen incentivos económicos similares por la contratación temporal de personas con discapacidad, la transformación de contratos eventuales en indefinidos y contratos fijos de personas con alguna minusvalía procedentes de enclaves laborales.

Ofrecer información sobre las ayudas económicas que puede obtener la empresa por la contratación de discapacitados también puede ser un punto a favor durante la entrevista de trabajo. "Contar las ventajas asociadas a la cotización de la empresa a la Seguridad Social es algo que puede servir como valor añadido, ya que supone un ahorro significativo en una labor igual que la desempeñada por una persona sin discapacidad", explica Javier Rodrigo, director de operaciones de Ray Human Capital.
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