La crisis alimenta el trabajo bajo cuerda

La Inspección de Trabajo fija la lucha contra la economía sumergida como su primer objetivo en 2009. La hostelería es el principal foco y se imponen los fraudes en contratos parciales y los falsos autónomos. Cuando las cosas se ponen feas toca buscarse las papas. Como sea... por las buenas o por las malas. En la provincia gaditana, esta disyuntiva, familiar y ciertamente normalizada, se traduce en: buscar trabajo hasta debajo de las piedras y nunca descartar el siempre indeseable éxodo laboral; o bien, recurrir al trabajo irregular, ilegal, sumergido, informal... decenas de collares para un perro que, en el escenario actual de crisis económica, encarna la simple y llana lucha por la supervivencia, pero también el peligro de la explotación y la precariedad interesadas.

Administración, empresas y sindicatos han comenzado ya a lanzar mensajes de advertencia y preocupación por el repunte de economía sumergida. El tejido productivo vuelve a fracturarse y por sus grietas empieza a colarse con fuerza la actividad ilegal. La patronal cree que todavía “no hay un número importante de empresas que se estén sumergiendo totalmente”, pero sí están retornando a la ocultación de parte de su actividad. Los sindicatos, en cambio, alertan de un rápido florecimiento del fraude, con la consecuente precariedad y desprotección social que genera.

La reacción pública ha sido inmediata y la Inspección de Trabajo se ha marcado dos objetivos primordiales para este año: la economía sumergida y la igualdad. La razón de este máximo interés es obvia: “En momentos de crisis se sabe que aumenta la actividad irregular y su incidencia está bastante relacionada con el nivel de paro que haya en la zona”, según reconoce la inspectora jefe de la Inspección de Trabajo en la provincia de Cádiz, Josefina Galindo.

Dada su naturaleza, es imposible conocer el grado de actividad opaca que existe. “No hay un marco específico; es lo que llamamos zonas grises del mercado productivo”, apunta el secretario provincial de CCOO, Manuel Ruiz.

No puede cuantificarse lo que aparentemente no hay. Es lógico. Pero sí puede saberse la incidencia de prácticas irregulares en una zona y 2008 no deja lugar a dudas. Las infracciones detectadas en esta materia aumentaron un 13% y el importe de las sanciones se disparó un 19,3%. Un crecimiento notable no sólo porque es de dos dígitos y se ha producido en un año, sino porque la tendencia general de la acción coercitiva de la inspección (prevención de riesgos, relaciones laborales, seguridad social....) fue de signo contrario: un 4% de faltas menos que en 2007.

Otro aspecto destacado es el protagonismo que esta materia tiene en la Inspección, ya que acapara un 40% de las visitas a centros de trabajo y llega a representar el 55% del total de infracciones que se imponen, un nivel punitivo superior al de los últimos años y más alto que el de otras provincias.
La principal irregularidad es de sobra conocida: los trabajadores “ilegales” no dados de alta en la Seguridad Social y la falta de inscripción de la actividad (empresas en la sombra, muy minoritarias). Sólo el año pasado se descubrió a 1.812 personas en situación de fraude laboral sin contrato a las que se impulso su regularización con la correspondiente alta de afiliación y cotización.

Otra infracción común es el cobro indebido de la prestación por desempleo cuando se compagina con la actividad laboral. Casi 180 fueron sorprendidos y dados de baja, una cifra que, aunque supone un 20% más que en 2007, es bastante moderada y, parcialmente, desmonta la larga leyenda de la picaresca gaditana para apañárselas con esta doble personalidad laboral.

Además de estas prácticas antiguas, la crisis económica está provocando la aparición de nuevos elementos, nuevas artimañas para escapar al fisco que también suponen una forma de economía opaca, según denuncian las fuentes consultadas: contratos a tiempo parcial que se alargan exageradamente, se pagan en dinero B y suponen empleos encubiertos a jornada completa; incumplimientos de convenio como subidas de salarios “robadas” en las subcontratas porque se cobran a la empresa principal y no se repercuten en las nóminas de los empleados; trabajos sacados de las empresas y encargados ocultamente a domicilio (marroquinería); pero, sobre todo, hay dos modalidades en boga que supondrán un nuevo reto en estos años difíciles: las bajas ilegales de trabajadores en los fines de semana (extendido en la construcción) y, especialmente, la proliferación de los llamados falsos autónomos disfrazados de colaboradores, profesionales liberados...

La figura del autónomo dependiente está contemplada para aquellos profesionales por cuenta propia cuyos ingresos proceden al menos en un 75% de un único cliente. La desvirtuación que se detecta ahora es que las empresas “despiden a trabajadores y los obligan a darse de alta como autónomos para realizar el mismo trabajo”. Es un conflicto delicado porque los empresarios defienden la legalidad de esta política de externalización, pero los sindicatos consideran que el papel y el tipo de actividad forman parte de la organización motriz de la empresa y, por lo tanto, estas personas deben estar integradas en la plantilla. Lo indiscutible es que esta fórmula ha abierto la puerta a una progresiva desregularización del sistema y al florecimiento de negocios no declarados porque la inestabilidad de esta clase de relaciones mercantiles creadas ex profeso conlleva en muchos casos la ausencia de la cotización a la Seguridad Social por parte del profesional y el impago del IVA.

El sector más afectado por esta nueva economía sumergida es el de servicio y, especialmente, la hostelería y el comercio. Conscientes de esta situación, la actuación de la Inspección “se intensificará” este año en ambos campos, que además, serán objeto de intervenciones específicas (como ya se hizo el año pasado en subsectores como la peluquería o las inmobiliarias). Así, mientras que antes las visitas a bares y restaurantes se concentraban en la temporada alta, en este ejercicio comenzaron en marzo y se mantendrán hasta septiembre u octubre, según apuntó Josefina Galindo.

Según analiza Manuel Ruiz, este rebrote de prácticas irregulares se ha producido rápidamente porque la economía sumergida “tiene mucho que ver con la estructura productiva, que en España y en la provincia está muy atomizada (el 97% de las empresas gaditanas tiene menos de veinte asalariados) y está muy apoyada en la construcción y los servicios, y con una cultura empresarial que no es seria y que en los últimos años ha estado inflada por empresarios que montaban un negocio sólo en busca del beneficio rápido y sin ninguna cultura de creación de empleo ni riqueza”. Y, por lo tanto, los epicentros de este fenómeno son los que tienen esta organización económica: la Sierra, Chiclana y, en general, el litoral por la actual proliferación en la hostelería. En estos enclaves, la tela que envuelve la producción irregular es tan tupida que “es impensable que se va a erradicar de la noche a la mañana y además sería un caos”, concluye el secretario provincial de CCOO.

Fuente:www.diariodecadiz.es/25-04-2009.